CONTINUARÁ EN PRISIÓN INVESTIGADOR DE LA PNC ACUSADO DE ESTAFAR A VÍCTIMA EN SANTA ANA

Santa Ana, El Salvador. — El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra Walter Danilo Liborio Solís, de 45 años, investigador de la Policía Nacional Civil (PNC), acusado de los delitos de incumplimiento de deberes y estafa agravada.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el imputado se habría valido de su cargo dentro del Departamento de Investigaciones de la PNC en Santa Ana para cometer los ilícitos. El caso se originó a partir de un memorándum emitido por la Unidad de Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Santa Ana, dirigido al jefe del procesado, en el que se alertaba sobre denuncias verbales relacionadas con solicitudes indebidas de dinero.
Tras recibir estas alertas, la FGR inició diversas diligencias de investigación, entre ellas un caso correspondiente a una víctima con régimen de protección, ocurrido a finales de 2022, quien había denunciado un delito vinculado a un inmueble de su propiedad.
Según la investigación, a inicios de 2023 la víctima acudió al Departamento de Investigaciones de la PNC de Santa Ana, donde se le informó que su caso estaba bajo la responsabilidad de Liborio Solís. En ese contexto, el investigador realizó entrevistas y diligencias, sosteniendo aproximadamente seis reuniones con la denunciante.
Durante uno de esos encuentros, al consultar sobre el avance del proceso, el imputado le aseguró que existía una supuesta resolución de desalojo favorable; sin embargo, le solicitó 400 dólares para la compra de postes con los que, según indicó, se cercaría el terreno. Ante la imposibilidad de entregar el monto completo, la víctima le dio 200 dólares en ese momento, en presencia de un familiar que actualmente figura como testigo con régimen de protección.
La FGR detalló que Liborio Solís habría pedido a la víctima guardar silencio sobre la entrega del dinero, argumentando que no se trataba de un cobro, sino de un gasto operativo. No obstante, durante el año 2024 continuó solicitando los 200 dólares restantes, sin presentar información ni documentación que respaldara la supuesta resolución judicial.
Ante la falta de avances y las inconsistencias detectadas, la víctima acudió a la oficina fiscal de Santa Ana, donde se le informó que no existía ninguna resolución judicial ni fiscal relacionada con el inmueble y que el expediente no registraba avances significativos. Tras conocer los hechos, la Fiscalía solicitó reserva del caso e inició una investigación formal que culminó con la detención del imputado el 22 de enero de 2026.
El proceso continuará en la siguiente etapa judicial, mientras el acusado permanece en detención provisional.