NUEVAS PROTECCIONES LABORALES ENTRAN EN VIGOR EN WASHINGTON PARA TRABAJADORES ANTE INSPECCIONES DE FORMULARIOS I-9
A partir del 1 de octubre entraron plenamente en vigor en el estado de Washington nuevas disposiciones de la Ley de Protección de los Trabajadores Inmigrantes, que establecen obligaciones para los empleadores cuando autoridades federales realizan inspecciones de formularios I-9.
De acuerdo con la Oficina del Procurador General de Washington, los empleadores deberán notificar por escrito a los trabajadores dentro de un plazo de cinco días hábiles después de recibir un aviso federal de inspección de los formularios I-9, utilizados para verificar la elegibilidad laboral.
La notificación debe incluir una copia del aviso de inspección, el nombre de la agencia federal que realizará la revisión, la fecha en que el empleador recibió el aviso y, cuando se conozca, información sobre los registros solicitados y el propósito de la inspección. La información también debe estar disponible en inglés y en los cinco idiomas no ingleses de uso más frecuente en el estado.
La normativa también establece que, una vez recibidos los resultados de una inspección, los empleadores deberán informar a los trabajadores afectados dentro de cinco días hábiles. Cuando se identifiquen posibles deficiencias, la comunicación deberá explicar cuáles son, el plazo disponible para corregirlas y las opciones para reunirse con el empleador, además de informar al trabajador sobre su derecho a contar con representación en esa reunión.
Asimismo, la ley establece medidas contra las represalias y limita las verificaciones de autorización laboral que puedan imponer los empleadores. En particular, no pueden exigir procesos de verificación o reverificación más estrictos que los establecidos por la legislación federal.
Las nuevas obligaciones estatales buscan establecer mayor transparencia para los trabajadores durante las inspecciones relacionadas con documentos de autorización laboral. Sin embargo, la normativa estatal no elimina ni modifica la autoridad del Gobierno federal para aplicar las leyes migratorias federales.
La Oficina del Procurador General de Washington publicó materiales y modelos de notificación para ayudar a los empleadores a cumplir con las nuevas disposiciones.
