INMIGRACION

ALCALDE DE NEWARK BUSCARÁ EN TRIBUNALES EL CIERRE DEL CENTRO DE DETENCIÓN DELANEY HALL

NEWARK, NUEVA JERSEY.– El alcalde de Newark, Ras Baraka, anunció que acudirá a los tribunales en los próximos días para solicitar el cierre del centro de detención de inmigrantes Delaney Hall, instalación operada por la empresa privada Geo Group en el estado de Nueva Jersey.

Según informó el funcionario, la administración municipal fortalecerá la demanda legal que ya mantiene contra la compañía, argumentando presuntas violaciones a normativas estatales y municipales relacionadas con la operación del centro.

Baraka señaló que la ciudad incorporará nuevos argumentos vinculados a la salud y la seguridad pública, basándose en denuncias realizadas por personas recluidas en la instalación.

De acuerdo con los señalamientos presentados por migrantes y organizaciones que les brindan apoyo, algunos internos han reportado presuntas deficiencias en la alimentación, condiciones de alojamiento inadecuadas y problemas relacionados con la atención médica dentro del centro.

Entre las denuncias también figura el caso de una mujer que, según los reclamos presentados, habría enfrentado complicaciones médicas sin recibir atención oportuna. Estas afirmaciones forman parte de los argumentos que podrían ser examinados por las instancias judiciales competentes.

Hasta el momento, las acusaciones continúan siendo objeto de revisión y no han sido resueltas de manera definitiva por los tribunales.

El centro de detención Delaney Hall ha estado en el centro del debate público durante las últimas semanas debido a manifestaciones, cuestionamientos sobre sus condiciones operativas y acciones legales promovidas por autoridades locales y organizaciones civiles.

Se espera que en los próximos días las autoridades municipales presenten formalmente los nuevos elementos ante la corte, donde se determinará el curso de la demanda y las medidas que puedan adoptarse respecto a la instalación.

Por su parte, la empresa operadora y las autoridades federales han defendido previamente la legalidad de las operaciones del centro y el cumplimiento de los estándares aplicables para la atención de las personas bajo custodia migratoria.

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