JUZGADO ORDENA DETENCIÓN PROVISIONAL A MUJER ACUSADA DE LAVADO DE DINERO Y ESTAFA EN SANTA ANA
SANTA ANA, El Salvador.– El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra Rosa María M. L., de 47 años de edad, acusada por los presuntos delitos de lavado de dinero y de activos, así como estafa, en perjuicio de dos personas identificadas en el proceso judicial.
Según la resolución judicial, la jueza consideró que existen suficientes elementos para que el caso continúe hacia la fase de instrucción, mientras avanzan las investigaciones correspondientes.
De acuerdo con el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), el procedimiento inició la noche del 15 de mayo de 2026, cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron una intervención durante un patrullaje preventivo en la colonia Magaña, en el distrito de Santa Ana.
Las autoridades indicaron que la imputada se encontraba dentro de un vehículo estacionado sobre la vía pública. Durante una inspección, los agentes localizaron una bolsa con dinero en efectivo que, según el informe policial, ascendía a 7,706 dólares.
La investigación señala que la mujer habría proporcionado versiones contradictorias sobre la procedencia de los fondos y que, al momento de la intervención, no presentó documentación que acreditara el origen del dinero, por lo que fue detenida para las investigaciones respectivas.
Posteriormente, mientras permanecía bajo custodia, dos personas acudieron a una delegación policial para interponer denuncias por presuntas estafas.
Según una de las denuncias, una mujer identificada como Elsa P., de 59 años, habría entregado 17,000 dólares como anticipo para la compra de un inmueble que supuestamente pertenecía a la procesada. Sin embargo, la denunciante manifestó que posteriormente verificó que la propiedad no figuraba a nombre de la imputada.
Asimismo, José C., de 45 años, denunció haber entregado 1,200 dólares entre febrero y abril de 2026 por diversos bienes y ofrecimientos que, según su declaración, nunca recibió.
El proceso continuará en la etapa de instrucción, donde la Fiscalía y la defensa podrán presentar pruebas y argumentos antes de que las autoridades judiciales determinen la responsabilidad penal de la acusada conforme al debido proceso.
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