La ONU pide a México garantías para los defensores de derechos humanos tras confirmar que el activista Damián Gallardo fue víctima de tortura
El Comité contra la Tortura de la Organización para las Naciones Unidas (ONU) confirmó este martes que el luchador social, docente e indígena mexicano Damián Gallardo Martínez, fue víctima de tortura durante más de 5 años, entre 2013 y 2018, tiempo en el que lo obligaron a estar privado de libertad por un delito que no cometió y del que fue acusado falsamente.
El órgano contra la tortura de la ONU determinó que Gallardo Martínez, activista por los derechos de los pueblos indígenas y de la educación, fue víctima de tortura en México, al violarse la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
En ese sentido, la instancia solicitó a México garantizar el respeto a los Derechos Humanos, la no criminalización de la protesta y el activismo social. «Gallardo Martínez fue sometido a actos de tortura que buscaban doblegar su voluntad al extremo y convencer de la capacidad de sus agresores de infligirle dolor o incluso la muerte», dijo Peter Vedel Kessing, miembro del Comité, en un comunicado divulgado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
Vedel Kessing agregó que los familiares del activista «también son víctimas indirectas debido al impacto psicológico y emocional de la tortura sufrida por él y por la estigmatización y el acoso que enfrentaron». Por lo tanto, tendrán derecho a una reparación integral.
Gallardo Martínez fue víctima de crímenes de lesa humanidad, que iniciaron en 2013, cuando fue sacado de su hogar a la fuerza por la Policía Federal, que actuó con violencia y brutalidad sin una orden judicial, para luego llevarlo a un centro de tortura clandestino donde, bajo amenaza contra la vida de sus familiares, lo obligaron a firmar hojas en blanco que utilizaron como «testimonio» para inculparlo de vínculos con la delincuencia organizada y el secuestro de dos jóvenes.
Detalles del caso
La detención irregular de Gallardo, miembro del Pueblo Indígena Ayuujk de Santa María Tlahuitoltepec de la Región Mixe y Zapoteca de la Sierra de Oaxaca, se produjo tras participar en protestas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a inicios de 2013, cuando actuaba como un importante promotor de la educación comunitaria en poblaciones originarias.
En mayo de ese año, siete policías federales entraron violentamente a su casa en Oaxaxa y lo sacaron a la fuerza y arrastrado, en un procedimiento ilegal que calificaron como arresto, pero que no contaba con una orden judicial. Luego lo mantuvieron incomunicado en un centro de detención clandestino, donde lo golpearon para que hablara en contra de otros integrantes del movimiento por el derecho a la educación.
Además, los agentes policiales lo amenazaron con violar a su hija y a su pareja antes de matarlas, y con asesinar a sus padres. Luego lo obligaron a firmar hojas de papel en blanco, que fueron utilizadas en su contra como una supuesta confesión. Al inculparlo, lo trasladaron a una cárcel de máxima seguridad en Guadalajara, Jalisco, donde estuvo detenido por más de cinco años, hasta que el Ministerio Público Federal desestimó su caso, en diciembre de 2018.
«Durante este tiempo, el Sr. Gallardo Martínez fue golpeado brutalmente, sometido a revisión bucal y anal, privado de agua y sueño, así como recluido en régimen de aislamiento 22 horas al día», describe el órgano de la ONU. Además, señala que toda su familia sufrió estigmatización y hostigamiento y, además tuvieron que abandonar su comunidad indígena.
Gallardo Martínez y su familia presentaron denuncias ante las autoridades mexicanas por los actos de tortura en su contra, pero no obtuvieron una respuesta significativa. Esto motivó a que elevaran el caso ante el Comité de la ONU en 2019.
La decisión
El Comité de la ONU señaló que Gallardo «fue obligado a firmar una supuesta confesión de participación en hechos delictivos, por temor a que se cumplieran las amenazas en contra de su familia». Además, dice que otra declaración de un tercero, que también fue obtenida mediante tortura, fueron utilizadas por el Ministerio Público para detenerlo durante 5 años y siete meses.
«El Comité considera que los hechos ante sí revelan una violación de la obligación del Estado parte de asegurar que ninguna declaración hecha bajo tortura pueda ser usada en un procedimiento», añade el Comité.
Por tal razón, el órgano instó México a iniciar una investigación imparcial, exhaustiva, efectiva e independiente sobre los hechos de tortura; procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a las personas que sean responsables de las violaciones cometidas; dar una reparación integral, incluida una indemnización «justa y adecuada» y una rehabilitación «lo más completa posible» a la víctima.
De igual forma, pide que al Estado que emita una disculpa pública, que se adopten las medidas necesarias la no repetición de este tipo de hechos, entre ellos, la garantía del examen sistemático de los procedimientos de detención e interrogatorio, y el cese de la criminalización de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
El comité de la ONU también insta a que su decisión sea publicada con «amplia difusión» en México, y que se incluya a «un diario de amplia circulación en el estado de Oaxaca». También pide al Estado que informe, en un plazo de 90 días, sobre las medidas que adoptará sobre este caso.
