LA MIRADA CRÍTICA DE LA DIÁSPORA SALVADOREÑA ANTE EL RUMBO DEL PAÍS
Desde Afuera
Douglas Agreda
Desde distintas partes del mundo, la comunidad salvadoreña en el exterior observa con creciente preocupación el rumbo que ha tomado El Salvador en los últimos meses. Aunque el gobierno salvadoreño promueve una narrativa de orden, seguridad y desarrollo, diversos acontecimientos recientes han generado serias dudas sobre el costo real de esas políticas y los efectos colaterales que podrían estar ocultos bajo el discurso oficialista.
Uno de los temas que más inquietud ha generado entre la diáspora es el reciente acuerdo entre el presidente Nayib Bukele y la administración del presidente estadounidense Donald Trump, mediante el cual El Salvador aceptaría recibir migrantes, incluyendo individuos vinculados a estructuras criminales como el Tren de Aragua. Desde fuera, este tipo de pactos son vistos como una forma de instrumentalizar al país centroamericano, convirtiéndolo en una especie de “zona de contención” para conflictos ajenos.
La preocupación se agudiza al considerar el estado del sistema penitenciario salvadoreño, en especial con la existencia del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una mega prisión que ha sido objeto de severas críticas por parte de organismos internacionales debido a las condiciones inhumanas de encierro y las denuncias de detenciones arbitrarias. Surge la pregunta legítima: ¿está El Salvador preparado institucional y éticamente para asumir esta carga migratoria sin vulnerar los derechos humanos?
Por otro lado, mientras las cifras de homicidios continúan a la baja, y el país es mostrado como un ejemplo de seguridad regional, se corre el riesgo de que esa imagen pública encubra otras realidades: la falta de acceso a la justicia, la opacidad en el uso de recursos públicos y el debilitamiento de contrapesos institucionales. Desde el exterior, se percibe con inquietud que El Salvador podría estar sacrificando libertades fundamentales en nombre de la seguridad.
A ello se suma la preocupación por el impacto que estos acuerdos y decisiones políticas puedan tener en la economía del país. El crecimiento del turismo y el atractivo para la inversión, que han sido celebrados por el gobierno, podrían verse comprometidos si El Salvador empieza a ser percibido como destino de prácticas cuestionables en derechos humanos o como un país utilizado estratégicamente por potencias extranjeras para resolver sus conflictos internos.
La comunidad salvadoreña en el exterior —compuesta por más de tres millones de personas— ha sido históricamente un pilar para la estabilidad económica del país a través del envío de remesas y del fortalecimiento de la imagen de El Salvador en el extranjero. Por eso, sus voces, inquietudes y lecturas del contexto nacional deben ser consideradas.
El rumbo actual del país exige una reflexión profunda. ¿El Salvador está avanzando hacia una transformación sostenible, o simplemente maquillando síntomas mientras se debilitan los cimientos democráticos? Desde fuera, muchos salvadoreños miran con esperanza, pero también con escepticismo, el futuro inmediato del país que llevan en el corazón.
