HACKTIVISTAS REVELAN VULNERABILIDAD DIGITAL DEL GOBIERNO SALVADOREÑO
Desde Afuera
Douglas Daniel Agreda
En los últimos meses, El Salvador ha sido testigo de una serie de ataques cibernéticos que han dejado al descubierto la fragilidad de la infraestructura digital del gobierno. Un grupo de hacktivistas, autodenominado CiberInteligencia SV, ha reivindicado la autoría de estas acciones, revelando información sensible y exponiendo fallas significativas en la protección de datos personales.
La actividad de estos hacktivistas ha sacado a la luz una preocupante realidad: la falta de medidas efectivas por parte del Estado para resguardar los datos personales de los ciudadanos y la escasa capacidad de respuesta ante incidentes de seguridad. Esta vulnerabilidad quedó evidenciada con la filtración de datos de la Procuraduría General de la República (PGR), un incidente que puso a disposición pública 40 gigabytes de información sensible, incluyendo credenciales para acceder a los servidores de la institución. La Prensa Gráfica confirmó que dicha información estaba disponible en línea, exponiendo a los ciudadanos a riesgos significativos como el robo de identidad y fraudes.
Además, el colectivo CiberInteligencia SV ha atacado la Ventanilla Municipal del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), paralizando la entrega de documentos durante varios días. A pesar de que el RNPN atribuyó la suspensión de servicios a una transición administrativa, la coincidencia temporal con los ataques cibernéticos sugiere lo contrario.
La respuesta oficial ante estos incidentes ha sido insuficiente. Las autoridades gubernamentales no han ofrecido explicaciones claras ni medidas contundentes para prevenir futuros ataques. En muchos casos, las páginas web gubernamentales han estado fuera de línea durante horas, sin que se emitan comunicados oficiales que aborden la gravedad de las situaciones.
Además de exponer datos personales, los hacktivistas han revelado información sobre contrataciones millonarias y supuestos casos de corrupción en instituciones estatales. Por ejemplo, se han publicado contratos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), destacando la falta de transparencia en la gestión de recursos públicos.
Las filtraciones no se limitan al ámbito gubernamental. En abril de 2024, los hackers publicaron bases de datos con información de 5.1 millones de salvadoreños, incluyendo fotografías en alta definición, números de documentos de identificación y direcciones residenciales. Este tipo de información, ahora accesible en la deep web, pone a los ciudadanos en un estado de vulnerabilidad extrema.
Los expertos en seguridad informática señalan que la falta de un centro de respuesta a incidentes informáticos en El Salvador agrava la situación. Sin una entidad dedicada a gestionar y mitigar estos ataques, el país queda expuesto a más filtraciones y a mayores riesgos para sus ciudadanos.
La falta de atención pública y la negligencia del gobierno en la protección de datos son inaceptables. Los salvadoreños merecen un sistema robusto que garantice la seguridad de su información personal. Es imperativo que las autoridades tomen medidas inmediatas y efectivas para fortalecer la infraestructura digital del país y proteger a sus ciudadanos de futuras vulneraciones.
