EE.UU. ANALIZÓ TRASLADAR A KILMAR ÁBREGO A MÉXICO O SUDÁN DEL SUR TRAS SU AUDIENCIA MIGRATORIA
El Gobierno de Estados Unidos evaluó enviar a México o Sudán del Sur al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por error a El Salvador pese a contar con protección de asilo desde 2019. Así lo confirmaron este jueves las autoridades migratorias durante una audiencia judicial en Maryland.
Kilmar Ábrego, de 30 años, permanece bajo custodia en una prisión de Nashville, mientras enfrenta cargos por tráfico de personas. Sin embargo, su defensa sostiene que es víctima de una persecución política derivada de un “error administrativo” cometido por el propio gobierno estadounidense, que lo expulsó de forma ilegal.
Thomas Giles, subdirector adjunto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informó que EE. UU. mantiene acuerdos de repatriación con México y Sudán del Sur, y que ambos países podrían ser destinos viables para su traslado una vez finalice el proceso judicial.
“No vamos a enviar gente a un lugar donde sea perseguida o torturada”, enfatizó Giles, agregando que Ábrego recibe el mismo trato que cualquier otro detenido migratorio. No obstante, la decisión definitiva dependerá del desarrollo de las audiencias y del espacio disponible en los centros de detención migratoria.
Ábrego ingresó a Estados Unidos de forma irregular en 2012, siendo menor de edad. En 2019, un tribunal de inmigración ordenó su deportación, pero una corte de asilo le otorgó protección tras comprobar que había sido víctima de amenazas y extorsiones por parte de la pandilla Barrio 18.
Pese a esta protección, fue deportado en junio de 2024 junto a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, y enviado al penal de máxima seguridad CECOT en El Salvador. Diversas organizaciones humanitarias denunciaron su caso como una “desaparición forzada”.
Después de permanecer dos meses en territorio salvadoreño, Ábrego fue retornado a Estados Unidos para enfrentar los cargos en su contra. Su situación ha generado preocupación en organismos de derechos humanos, que exigen transparencia y respeto a los procesos de asilo.
