LA DOBLE MORAL DE LAS DICTADURAS: MADURO CRITICA A BUKELE MIENTRAS IGNORA SUS PROPIAS PRISIONES POLÍTICAS.
Escrita por:
Douglas Agreda
En una jugada que parece sacada del manual del cinismo diplomático, Nicolás Maduro ha exigido explicaciones al presidente salvadoreño Nayib Bukele por la detención de más de 250 venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), denunciando desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos. La ironía de esta crítica radica en que proviene del mismo régimen que ha encarcelado, perseguido y exiliado a cientos de sus propios ciudadanos por disentir con el chavismo.

Que un presidente señalado por organismos internacionales por detenciones arbitrarias, torturas documentadas y falta de procesos judiciales justos, venga a erigirse como defensor de los derechos de sus compatriotas en otro país, es una jugada retórica difícil de tragar. Bukele, por su parte, ha respondido con una propuesta que ha dejado en evidencia a su homólogo: la liberación de estos venezolanos bajo la condición de que Venezuela libere a todos sus presos políticos. Una movida hábil en el tablero geopolítico que vuelve a colocar al gobierno salvadoreño en el centro de la conversación internacional.

Sin embargo, no se trata solo de discursos. Este episodio refleja las complejidades del nuevo posicionamiento de El Salvador en la política hemisférica. Bukele ha consolidado su imagen de líder fuerte con políticas que son vistas por unos como eficaces, y por otros como autoritarias. En este contexto, la disputa con Venezuela sirve también como una forma de distinguir su modelo del de Maduro, en una región donde el autoritarismo se disfraza a menudo de defensa de la soberanía.
¿Qué significa ser “parcialmente libre”? La realidad que enfrenta la diáspora salvadoreña
Pero no todo es imagen internacional. Mientras Bukele se enfrenta dialécticamente con Maduro y cosecha elogios por su combate al crimen organizado, organismos como Freedom House emiten evaluaciones que pintan un panorama menos halagüeño para la democracia salvadoreña. En su más reciente informe “Freedom in the World 2025”, El Salvador es calificado como un país “parcialmente libre”, con una puntuación de apenas 47 sobre 100. Esto refleja preocupaciones graves: la concentración de poder en el Ejecutivo, el debilitamiento de la independencia judicial y las restricciones a la libertad de prensa.

Para los más de tres millones de salvadoreños que viven fuera del país, principalmente en Estados Unidos y Canadá, esta calificación representa algo más que una etiqueta académica. Define cómo es visto su país de origen por las instituciones que rigen las relaciones internacionales, los programas de cooperación y hasta las posibilidades de inversión extranjera. Aunque muchos en la diáspora celebran la reducción drástica de homicidios y el renacer del turismo, también comienzan a preguntarse si este nuevo orden no está cimentado sobre una peligrosa erosión institucional.
El Salvador ha cambiado, sí, pero la pregunta sigue siendo: ¿a qué costo? La confrontación con regímenes como el de Maduro puede ser un gesto de dignidad regional, pero no puede tapar las grietas democráticas que siguen preocupando a quienes, desde el exterior, aún sueñan con un país que no tenga que elegir entre seguridad y libertad.