OPACIDAD PATRIMONIAL Y NUEVAS PROPIEDADES: EL CUESTIONAMIENTO AL CLAN BUKELE
Por: Douglas Agreda
Desde su ascenso al poder en 2019, Nayib Bukele ha transformado la narrativa política de El Salvador, consolidando su figura como un líder autoritario pero popular. Sin embargo, en las últimas semanas, la atención pública ha girado hacia las controversias patrimoniales que involucran a su familia. Investigaciones independientes revelan un crecimiento desmesurado en la adquisición de propiedades por parte del círculo íntimo de Bukele, compuesto por sus hermanos, madre y esposa, quienes ahora administran tierras y bienes raíces valorados en millones de dólares.
Antes de que Bukele asumiera la presidencia, él y su familia poseían cerca de 30 hectáreas; sin embargo, entre 2019 y 2023 esa cifra aumentó a 363 hectáreas, incluyendo propiedades en el exclusivo lago de Coatepeque y terrenos en la Costa del Sol. La investigación destaca que varias de estas adquisiciones se han realizado mediante sociedades controladas por los hermanos y la madre del presidente, incrementando significativamente el patrimonio familiar, lo cual ha generado sospechas sobre el origen de los fondos empleados.
La concentración de estas propiedades, además de reflejar un contraste con la situación económica del país, ha provocado críticas sobre la falta de transparencia. Medios de investigación señalan que algunos de estos bienes anteriormente pertenecían a familias históricas de terratenientes, consolidando aún más el poder económico de la familia Bukele a través de corporaciones como Grupo Bukele y Hacienda Dorada. Este fenómeno levanta alarmas, dado que el gobierno ha clasificado como confidenciales las declaraciones patrimoniales de Bukele, dificultando la verificación independiente del origen de estos recursos.
El presidente también enfrenta un dilema reputacional a medida que su administración promueve discursos de austeridad para la población. Mientras el gobierno pide sacrificios con la “medicina amarga” de recortes en educación y salud, la opulencia y expansión de su núcleo familiar despiertan críticas sobre la coherencia de sus políticas sociales. Esta evidente contradicción ha alimentado una narrativa de desconfianza que se intensifica con cada nuevo anuncio de restricciones económicas.
La percepción de la ciudadanía salvadoreña sobre las políticas de austeridad ha cambiado drásticamente. Los discursos oficiales que instan al sacrificio ya no tienen el mismo impacto en un contexto donde el enriquecimiento del círculo cercano al poder es visible. Cada vez más personas expresan su escepticismo en redes sociales, cuestionando si la austeridad es realmente necesaria para todos o si es una herramienta para consolidar el control político y económico del presidente y su familia. Sin transparencia ni explicaciones claras sobre las adquisiciones patrimoniales, la incredulidad popular seguirá en aumento, amenazando con erosionar el apoyo al gobierno y generando un terreno fértil para la movilización social en demanda de justicia y rendición de cuentas.
Cada nueva adquisición de la familia Bukele no solo se traduce en patrimonio personal, sino en un símbolo del distanciamiento entre el poder y la realidad cotidiana de la mayoría de los salvadoreños. Las discusiones en redes sociales evidencian esta brecha: hashtags como #AusteridadParaQuién y #BukeleLandia han ganado tracción entre los usuarios, cuestionando la coherencia de las políticas oficiales. Este sentimiento de incredulidad hacia el gobierno amenaza con consolidarse, especialmente entre los sectores populares que han sido más golpeados por los recortes presupuestarios en salud y educación.
El cierre de este ciclo de confianza es evidente. Sin explicaciones claras ni un compromiso real hacia la transparencia, el riesgo de movilizaciones sociales y protestas masivas se incrementa. La narrativa oficial ya no parece suficiente para contener el descontento, y las grietas en la relación entre el gobierno y la ciudadanía comienzan a hacerse más evidentes. La credibilidad no es solo una cuestión de discurso, sino de coherencia y resultados tangibles, y si el gobierno no aborda estas preocupaciones de manera efectiva, la presión popular podría convertirse en un desafío significativo en el futuro cercano.
