LA CRISIS EDUCATIVA Y DE SALUD EN EL SALVADOR: UNA AMENAZA PARA EL FUTURO
Desde Afuera
Por: Douglas Agreda
Desde la distancia, observamos con gran preocupación cómo los sindicatos de maestros y trabajadores de la salud en El Salvador se ven obligados a alzar la voz nuevamente, esta vez para exigir algo tan fundamental como el cumplimiento de sus derechos laborales. El 19 de octubre, se llevará a cabo una marcha en la que ambos sectores reclamarán la inclusión del escalafón en el presupuesto de 2025, un derecho que parece estar siendo ignorado por el gobierno de Nayib Bukele, cuyo enfoque en otras áreas ha dejado a estos sectores vitales en el olvido.
Es alarmante que en el anteproyecto de presupuesto presentado para el próximo año, se omita el pago del escalafón, algo que afecta directamente a miles de trabajadores. Este ajuste salarial, que debería ser un reconocimiento a la antigüedad y dedicación de maestros y personal de salud, ha sido ignorado en los últimos años, provocando un creciente descontento. Más allá de un simple reclamo económico, esta omisión simboliza un menosprecio a quienes sostienen los pilares de la educación y la salud pública en El Salvador, sectores clave para el desarrollo de cualquier nación.
Desde la perspectiva de quienes observamos la situación fuera del territorio salvadoreño, esta crisis laboral es preocupante no solo por sus implicaciones inmediatas, sino por las consecuencias a largo plazo. La falta de inversión en educación y salud es una amenaza para el futuro del país. Los maestros son los encargados de formar a las nuevas generaciones, mientras que el personal de salud es responsable de garantizar una población sana y capaz de contribuir al crecimiento económico. Ignorar sus derechos es comprometer el bienestar de todo el país.
En un contexto donde se habla de un presupuesto «histórico», sin necesidad de endeudamiento externo, es desconcertante ver cómo áreas tan sensibles como la educación y la salud sufren recortes. Mientras tanto, otros sectores, como el militar, reciben aumentos sustanciales, lo que plantea serias preguntas sobre las prioridades del gobierno. No es casualidad que los sectores más castigados con esta «medicina amarga», como ha sido bautizada, sean aquellos que tienen un impacto directo en la calidad de vida de los salvadoreños.
Lo que resulta más indignante es que, mientras Bukele presume de logros en seguridad y economía, los recortes en áreas esenciales demuestran una profunda desconexión entre la propaganda y la realidad cotidiana de millones de salvadoreños. ¿Cómo puede el gobierno justificar una reducción en salud y educación, sectores que garantizan el bienestar a largo plazo, mientras invierte en la militarización y aumenta los fondos para la Casa Presidencial? Esta política social desigual prioriza la imagen sobre el impacto real en la vida de los ciudadanos.
El verdadero éxito de un gobierno se mide no por la cantidad de megaproyectos que inaugura o la cantidad de elogios internacionales que recibe, sino por cómo responde a las necesidades más urgentes de su población. En este caso, el gobierno de Bukele ha fallado rotundamente. Las políticas sociales de su administración parecen estar más enfocadas en consolidar el poder que en asegurar un desarrollo equitativo y justo para todos. Si no se corrigen estos errores y se escuchan las demandas de los sectores más vulnerables, El Salvador corre el riesgo de perpetuar la inequidad y el descontento social.
