Dos Años de Régimen: Desapariciones Forzadas y la Crisis de los Derechos Humanos
Desde Afuera
Douglas Daniel Agreda
El pasado 27 de marzo de 2022 marcó el inicio de un régimen de excepción en El Salvador, decretado por el presidente Nayib Bukele en un intento por combatir la violencia y la criminalidad en el país. Sin embargo, a medida que se cumplen dos años desde esta medida extraordinaria, los informes sobre desapariciones forzadas han elevado las preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y el estado de la democracia en la nación centroamericana.
Hasta febrero de 2024, se han registrado 327 casos de desapariciones forzadas, según datos recopilados por movimientos de víctimas, organizaciones de derechos humanos locales y reportes de medios. Estas cifras son alarmantes y arrojan luz sobre una crisis humanitaria que no puede ser ignorada.
La desaparición de personas es un crimen atroz que causa un profundo sufrimiento a los familiares de las víctimas y socava los fundamentos mismos de una sociedad justa y democrática. Cambiar delitos cometidos por grupos criminales por desapariciones forzadas, como parece estar ocurriendo en El Salvador, es una tendencia extremadamente preocupante que debe ser abordada de manera urgente y efectiva.
Es comprensible que el gobierno salvadoreño busque soluciones para combatir la violencia y la inseguridad que han afectado al país durante décadas. Sin embargo, el uso de medidas extremas como el régimen de excepción no puede justificar la violación de los derechos humanos y el estado de derecho.
Es imperativo que las autoridades salvadoreñas rindan cuentas por estas desapariciones forzadas y que se lleve a cabo una investigación exhaustiva para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Además, es crucial que se garantice la protección de los derechos de todas las personas en El Salvador, sin importar su afiliación política o su historial criminal.
La comunidad internacional también tiene un papel importante que desempeñar en este sentido. Deben condenar enérgicamente cualquier violación de los derechos humanos y presionar al gobierno salvadoreño para que respete los principios democráticos y el estado de derecho.
En un momento en el que El Salvador enfrenta desafíos significativos en materia de derechos humanos y democracia, es fundamental que se trabaje en conjunto para promover la justicia, la verdad y la reconciliación en el país. Solo a través del respeto mutuo y el diálogo constructivo podremos construir un futuro más justo y seguro para todos los salvadoreños.
