Piden a Centros Penales y PDDH controlar liberación de personas en las cárceles
Aseguran que hay “oportunistas” que se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas liberadas para obtener un beneficio económico. Acá explican cómo lo hacen.
Tutela Legal María Julia Hernández junto al Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) denunciaron este miércoles 7 de junio una serie de irregularidades que suceden afuera de los centros penales cuando se liberan a personas que fueron capturadas durante el régimen de excepción.
“Es lamentable cómo oportunistas se están aprovechando de las personas que ya se liberaron. Exigimos a Centros Penales y al viceministro de Justicia Osiris Luna que al menos se reivindique con las víctimas a la hora de su salida, que reporten esos listados en la mañana, antes de que vayan a salir”, detalló Samuel Ramírez del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir).
La propuesta de entregar previamente los listados ayudaría, según ellos, a que los familiares puedan llegar con anticipación y así evitar ser víctimas de actos abusivos afuera del penal.
Ambas organizaciones señalaron a tiendas ubicadas afuera del Centro Penal de Apanteos, en Santa Ana, y El Penalito, en San Salvador, las cuales según ellos se encargan de retener a personas liberadas mientras les consiguen transporte y las envían a sus casas, implicando grandes gastos para las familias, ya que cobran grandes cantidades de dinero.
Informaron que los que realizan estas prácticas son personas que se aprovechan de la situación para un beneficio económico y que prácticamente obligan a contratar servicios de transporte, en vez de avisar a las familias para que vayan por el liberado o liberada. Sumado a esto, en estos negocios no quieren publicar los listados de los nombres de los ex privados y ex privadas de libertad.
Movir y Tutela Legal pidieron que se investiguen a las personas que se están aprovechando de la situación, a los que han señalado como “extorsionistas”. “Exigimos que se haga una liberación formal, ordenada y con información expedita para las familias de que su pariente va a ser liberados en condiciones de seguridad y no como se ha estado haciendo hasta hoy”, aseveró Alejandro Díaz, de Tutela Legal.
Las organizaciones también pidieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que sea intermediaria entre Centros Penales y las familias de las personas liberadas, para que haya un control y evitar a los “oportunistas” que se aprovechen de la situación. Exigieron que haya un delegado de la PDDH en los centros penales que están liberando a personas para que supervise las liberaciones.
